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Residencia en un paraíso fiscal

Residencia en un paraíso fiscal - offshore.finance

Uno de los aspectos básicos del uso de los paraísos fiscales es el concepto de residencia, un concepto que es claro para la mayoría de la gente, pero que tiene una consideración legal compleja y unas consecuencias importantes desde el punto de vista tributario y de la planificación fiscal internacional. El cambio de residencia debe planificarse debidamente, teniendo en cuenta todos los aspectos que pueden afectarles en el futuro. Ser no residente tiene importantes consecuencias a la hora de no solo tributar sino de elegir dónde o qué se tributa y en qué concepto. La residencia conlleva en muchos países, entre ellos España, la tributación por todos los regresos que se obtengan en cualquier parte del mundo. En algunas jurisdicciones no es así y pueden derivarse de ello algunas ventajas.

Para una persona, la residencia en España viene determinada por, al menos uno, de los siguientes requisitos:

  • Permanencia en España de más de 183 días durante el año natural.
  • Ubicación en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos.
  • Que residan en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de él (salvo prueba en contra).

Cuando se abandona el país de residencia y el lugar de destino es un paraíso fiscal, se mantiene la residencia a efectos fiscales durante el año de traslado y los cuatro años siguientes y se debe probar la residencia efectiva en dicho territorio. Esto ocurre también en otros países europeos. Por otra parte, hay países en los que se paga un impuesto al abandonar el país y otros en los que se paga por el patrimonio que se posee al entrar. En ambos casos, la debida planificación y asesoramiento puede ahorrar muchos impuestos a la persona o empresa afectada. El criterio de poseer en España la segunda residencia o la base de los intereses económicos se fundamenta en un concepto discutible y sujeto a interpretaciones. Los tribunales lo han utilizado en sentido restrictivo, exigiendo también el pago de impuestos cuando estos intereses no son directos, sino que se canalizan a través de sociedades interpuestas con sede en otros países. La interpretación dominante es que el conjunto de las actividades económicas en España sea superior al que se tiene en otro país (Lomba y Pozuelo, 1996). Se admite la prueba en contra en relación con todos estos criterios.

En otros países es el centro de intereses vitales, basado en criterios económicos y en otros de carácter personal, familiar y social. En Suiza o Francia, factores-importantes a tener en cuenta son dónde está la fuente fundamental de ingresos o la residencia familiar. En el Reino Unido los tribunales han utilizado diferentes argumentos para establecer la residencia de un individuo, por ejemplo si la persona "intenta establecer su hogar en el nuevo país hasta el final de sus días a no ser que y hasta cuando no suceda algo que le haga cambiar de opinión". En el informe The OFC Report 2004 se describen los factores que han sido tenidos en cuenta en el proceso de decisión de un tribunal británico, en el caso de un ciudadano norteamericano que se trasladó a vivir a Londres, y que sirvieron para estimar que no residía en el Reino Unido:

  • No llevaba ropas británicas ni se alimentaba con comida inglesa
  • Era visto como un norteamericano que llevaba una vida nómada
  • Era inmigrante ilegal en el Reino Unido
  • Vivía en Londres debido mas bien a los cuidados que necesitaba por su mala salud
  • No interrumpió sus contactos con Nueva York
  • Tenía sus inversiones gestionadas desde Nueva York
  • Su testamento lo preparó su abogado de Nueva York

Como se aprecia, se trata de criterios discrecionales, discutibles, y que se pueden solventar con cierta preparación.

Para las sociedades, la ley considera que residen en España si cumple alguno de los requisitos siguientes:

  • Que la sociedad esté constituida de acuerdo con las leyes españolas
  • Que tenga su domicilio social en territorio español.
  • Que tengan la sede de la dirección efectiva en España, entendida como la dirección y control del conjunto de actividades.

Este punto puede presentar problemas de interpretación. Si la persona residente en España percibe ingresos por trabajos realizados en otro país, dichos ingresos están sometidos a impuesto en nuestro país, por el citado principio de tributación por ingresos mundiales. Hay exenciones si se tributa fuera de España por un impuesto similar al español y si la cantidad es igual o inferior a 60.000 euros (Ley 6/2000 de 13 de diciembre). Para poder acogerse a la exención, estos trabajos deberán haberse prestado a una empresa o a un establecimiento permanente radicado en el extranjero. No se aplica la exención cuando el trabajo se haya realizado en un paraíso fiscal.

Al día de hoy hay muchos paraísos fiscales que ofrecen la opción de la segunda residencia. Según las criterios que tiene, un ciudadano de la Unión Europea podrá elegir la que le beneficia más y aporta más ventajas a la hora de proteger sus bienes, trabajar, viajar o jubilarse.

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